Llaman a no convertir en terrorismo fiscal el combate a facturas falsas y empresas fantasmas

En el foro “Las reformas Fiscales Penales contra las facturas falsas y las empresas fantasmas”, senadoras del PAN y PRI consideraron que es fundamental que este tema no se convierta en “terrorismo fiscal” y pidieron ser cuidadosos para no afectar a los empresarios que generan empleo y cumplen con sus obligaciones.

CDMX a 22 de agosto de 2019 (Noticias México).- En el foro “Las reformas Fiscales Penales contra las facturas falsas y las empresas fantasmas”, senadoras del PAN y PRI consideraron que es fundamental que este tema no se convierta en “terrorismo fiscal” y pidieron ser cuidadosos para no afectar a los empresarios que generan empleo y cumplen con sus obligaciones.

Al respecto, la secretaria de la Comisión de Hacienda, Minerva Hernández Ramos consideró que en una democracia y un régimen de libertades, solamente debería considerarse como conductas punibles en materia tributaria los atentados más graves contra la Hacienda Pública.

La senadora del PAN refirió que, ante la propuesta que considera a la defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es necesario cuestionar sobre su validez constitucional.

Lo anterior, debido a que “el derecho penal no puede ser un instrumento para brindar seguridad, sino para salvaguardar la dignidad humana, pues hacerlo en forma contraria llevaría a una crisis de derechos humanos”, precisó.

Minerva Hernández expresó que es necesario preguntar si existen medidas alternativas para combatir con mayor eficacia y eficiencia estas conductas y que resulten menos lesivas para los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Aseguró que desde el Senado hay un claro interés para combatir, de manera frontal y eficaz, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas, inexistentes o actos jurídicos simulados.

Este delito, precisó, representa una problemática compleja para las finanzas públicas. “El mercado de las facturas falsas rebasa los 2 billones de pesos y que la evasión fiscal implica una pérdida de recaudación de casi 500 mil millones de pesos”.

A su vez, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, secretaria de la Comisión de Hacienda, dijo que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en un “terrorismo fiscal”.

Estamos en favor de que haya sanciones y algunas disposiciones -como se han planteado- pero también que se cuide a los empresarios, a la iniciativa privada y a los mexicanos para no caer “en un tema de espanto”, como se ha comentado.

La legisladora del PRI indicó que el tipo penal de defraudación fiscal ya está ampliamente reconocido y descrito en el Código Fiscal de la Federación. No queremos caer en una controversia de interpretación. Queremos recuperar para el erario público los 1.6 billones de pesos que se pierden por el uso de facturas falsas, aclaró.

En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, opinó que la delincuencia organizada “le dará la vuelta” a estas reformas. Además, dijo, tenemos que estar conscientes “que se puede afectar a los buenos empresarios, a los que sí trabajan y declaran impuestos”.

Señaló que el problema de las facturas falsas no existiría sin la colusión de funcionarios, por lo que “si este gobierno dice que va parar la corrupción, que empiece por ahí y castigue a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tema facturero. Van a ver cómo se acaba y no andamos tocando y espantando a los buenos empresarios”.

El presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez manifestó que el actuar de las autoridades encargadas de la implementación de las estrategias para combatir estos actos ilegales, debe encaminarse en todo momento para erradicar estas prácticas nocivas para la sociedad, pero también buscar el equilibrio para que su actuar esté acorde a la Carta Magna.

La Barra Mexicana apoyará en todo momento a combatir la simulación de actos jurídicos que lleven a la evasión de los impuestos que el Estado debe percibir, buscando que se respeten los principios consagrados en la Constitución, concluyó.

 

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