Aprueba por unanimidad Ley de Extinción de Dominio: JRMS

Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República (que sesionó durante horas hasta las seis de la mañana) aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en cuya elaboración trabajaron las Comisiones de Justicia y de Asuntos Legislativos Segunda, a cargo del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar y la Senadora Ana Lilia Rivera, del estado de Hidalgo el primero y de Tlaxcala, la segunda. Esta reforma pretende recuperar los 50 mil millones de dólares anuales que obtiene en ganancias la delincuencia organizada

Causa y Efecto

Leonardo Valadez

CDMX a 5 de julio, 2019 (Noticias México).-Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República (que sesionó durante horas hasta las seis de la mañana) aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en cuya elaboración trabajaron las Comisiones de Justicia y de Asuntos Legislativos Segunda, a cargo del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar y la Senadora Ana Lilia Rivera, del estado de Hidalgo el primero y de Tlaxcala, la segunda. Esta reforma pretende recuperar los 50 mil millones de dólares anuales que obtiene en ganancias la delincuencia organizada

El legislador, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que durante las últimas horas de ayer y las primeras de este día (martes dos), el Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley de Extinción de Dominio, misma que permitirá que el Estado pueda disponer con premura de los bienes que han sido obtenidos de forma ilícita por los integrantes del crimen organizado, de aquellos que provengan de hechos de corrupción y encubrimiento cometidos por servidores públicos.

El senador, aseguró que con esta reforma se pretende recuperar los 50 mil millones de dólares anuales que obtiene en ganancias la delincuencia organizada, es decir, que se busca pegarles en donde más les duele: el pilar financiero.

Tras destacar que la aprobación de esta nueva Ley de Extinción de Dominio es el resultado del trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Justicia, mismo que permitió la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, Menchaca Salazar, aclaró que esta nueva disposición legal aplicará de forma retrospectiva sobre los actos de corrupción del pasado, ya que será imprescriptible e independiente del proceso penal que se siga al dueño del bien en cuestión, por lo que el Estado podrá vender éste de forma anticipada para evitar costos de administración de los bienes, previo a la emisión de la sentencia definitiva.

Explicó que el dictamen resalta la eliminación del nombre de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el de Instituto de Administración de Bienes y Activos y ya no habrá secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario que los demandados e imputados puedan invocar para mantener aquellas propiedades de origen ilícito.

El legislador hidalguense señaló que, de acuerdo con el dictamen, la extinción de dominio se aplicará a tierras ejidales y bienes utilizados para cometer algún ilícito por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo nada para impedirlo; salvaguardando siempre los derechos fundamentales de los legítimos propietarios.

El presidente de la Comisión de Justicia mencionó que, golpeando las finanzas del crimen organizado, al quitarle las propiedades y bienes obtenidos por narcotráfico, huachicol, trata de personas, secuestro, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión; el gobierno de la República y de las entidades federativas podrán recuperar en poco tiempo la anhelada seguridad que reclaman los ciudadanos.

Julio Menchaca Salazar, manifestó que entre los cambios centrales incluidos al dictamen está la definición de buena fe en la adquisición o destino de un bien, incluida también en la Ley modelo de la ONU y que deberá acreditarse mediante constancias que demuestren su propiedad anterior a la realización del hecho ilícito y el pago de impuestos, contribuciones y sobre todo que no pudo dar aviso a las autoridades por temor o desconocimiento; refirió también que se incorporó a esta ley la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito.

Bumerán. – El Congreso del Estado aprobó por unanimidad exhortar a la Secretaría General de Gobierno y a los ayuntamientos de Guerrero para que en trámites específicos no se requieran las actas de nacimiento certificadas actualizadas a tres meses de vigencia, ya que la adquisición constante de estos documentos afecta la economía de las familias.

La propuesta fue presentada por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien refirió que es necesario tomar acciones al respecto porque las autoridades estatales y municipales, así como la Secretaría de Educación Pública, han establecido como requisito para la inscripción a cualquier nivel escolar y otros trámites, que se presenten actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil con menos de tres meses de antigüedad.

El legislador precisó que es necesario que en Guerrero se retomen acciones como las ya implementadas en la Ciudad de México y el estado de Morelos, que han eliminado el requisito de actas de nacimiento actualizadas, y en su caso sólo requerir que las mismas estén en buenas condiciones y sin alteraciones.

Dicho procedimiento se ha solicitado a los ayuntamientos para que homologuen la medida en beneficio de sus ciudadanos.

Por último, recordó que el registro de nacimiento es un derecho humano y está reconocido por diversos instrumentos internacionales ratificados por México, entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por todo lo anterior es necesario que las dependencias de gobierno y los ayuntamientos en Guerrero coadyuven a garantizar que este derecho no genere gastos a las familias.

La Guardia Nacional en Guerrero. – Para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, así como cuidar la integridad, bienes y derechos de los guerrerenses con estricto apego al estado de derecho y los derechos humanos, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio la bienvenida a los elementos que integrarán la Guardia Nacional en Guerrero, que ascenderán a 3 mil 400 efectivos.

En la ceremonia realizada en la explanada de la 35 Zona Militar en la capital del estado, el Ejecutivo guerrerense recordó que fue un activo impulsor de la creación de este nuevo cuerpo de seguridad. Y ante quien será el comandante de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en el estado, el general Francisco Justo Toscano Camacho, Astudillo Flores expresó: «Reciban todos ustedes nuestro saludo y el deseo de que entre todos logremos encontrar mejores condiciones de paz y seguridad en México y en Guerrero, bienvenida la Guardia Nacional».

El gobernador reconoció que, gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Policía Federal, Guerrero ocupa el octavo lugar a nivel nacional en incidencia delictiva, a diferencia de años anteriores en que se ubicaba en primer lugar. En ese sentido, indicó que la Guardia Nacional llega con una alta expectativa en aras de seguir disminuyendo los delitos en la entidad. Sin embargo, también pidió a los presidentes municipales hacer su parte en materia de seguridad pública, para no dejar esta responsabilidad sólo a la Guardia Nacional.

En este sentido, apuntó: «El gobernador quiere decirles a ustedes hombres y mujeres de la Guardia Nacional que son bienvenidas y bienvenidos, están en una entidad donde el gobierno del estado hará lo que le corresponda para mejorar su condición aquí en el Guerrero durante su estadía, esto en coordinación con los propios ayuntamientos». Admitió que Guerrero es un estado complejo al que hay que dedicarle el tiempo completo para atender sus diversas complicaciones diarias en las siete regiones y «tenemos confianza que tenemos que mejorar los indicadores delictivos que durante buen tiempo colocaron a Guerrero como el estado número uno de los delitos».

En ese contexto, precisó, que su gobierno valora la presencia de la Guardia Nacional. En esta ceremonia también estuvieron el comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, el comandante de la 35 Zona Militar, José Ernesto Ávalos Pardo, el comandante de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, Francisco Justo Toscano Camacho, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el coordinador Estatal de la Policía Federal, Pedro Radilla Suástegui y el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.

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